jueves, 16 de mayo de 2013


"Reclamamos la restitución de la paga extra y un gran pacto por el empleo y los servicios públicos"


Carmen Barrera, secretaria de Acción Sindical de la FSP-UGT pide al Ministro de Hacienda abrir cauces de diálogo para recuperar la paga extra
Carmen Barrera
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Las Federaciones de Servicios Públicos de UGT, CCOO y CSI-F han entregado en el registro del Ministerio de Hacienda
 una carta conjunta donde reclaman la apertura urgente de la Mesa General de Negociación de las Administraciones
 Públicas. Los sindicatos piden al Gobierno abrir cauces de diálogo que permitan alcanzar un acuerdo para recuperar
 la parte devengada de la paga extra de navidad de los empleados públicos -requisada de manera retroactiva con la
entrada en vigor del real decreto-. Esta solicitud está en línea con los diferentes pronunciamientos judiciales que
se están produciendo en todo el Estado, y la admisión a trámite, al menos hasta la fecha, de varios recursos por parte
 del Tribunal Constitucional.

Carmen Barrera, secretaria de Acción Sindical de la FSP-UGT ha reclamado no sólo la devolución de la parte
 devengada de la paga extra, sino el reintegro a todos los empleados públicos de la paga extra de Navidad en su
 totalidad. "Los Tribunales ya nos están dando la razón en lo que se refiere a la parte devengada; el recurso planteado
 por el Gobierno de Navarra se ha admitido a trámite en el Tribunal Constitucional y en él se plantea la devolución total
de la extra"

Barrera ha calificado de "vergonzoso" el hecho de que en la mayoría de sentencias dictadas, los tribunales ven indicios
 de inconstitucionalidad en la actuación del Gobierno a quien se supone no solo garante de las leyes que rigen nuestro
 estado de derecho y los derechos de toda la ciudadanía, sino que ha de velar por el cumplimiento de la
 Constitución y ha recordado que en Portugal y Eslovenia ya se ha dictado sentencia en este sentido, contra la actuación
 de estos gobiernos, admitiendo que la supresión de la paga extra es inconstitucional.
"El Gobierno tiene aún la oportunidad de rectificar y restituir la paga extra, que no es un privilegio sino un derecho
 adquirido".

Carmen Barrera ha manifestado la preocupación de FSP-UGT por la destrucción de empleo público (330.000
empleos públicos menos, datos de la reciente EPA) y de los servicios públicos que conlleva esta destrucción de
 empleo, que está sufriendo el país y ha recordado que de la misma manera que se pide un gran pacto por el empleo,
 debe abrirse el Diálogo en las Administraciones Públicas. "La reforma que el Gobierno plantea no puede convertirse
en una sangría de lo público y en una manera de amortizar el déficit. Los servicios sociales están en peligro y es el
 conjunto de la ciudadanía quien paga las consecuencias de este deterioro. Los servicios públicos, hoy más que nunca,
 deben verse reforzados como vehículo para la cohesión social en un época en que se cierne el fantasma de la exclusión
 social en nuestro país y en toda Europa" 

"El anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local es sinónimo de privatización y desempleo"

08-05-2013

Joana Mor Biosca
Joana Mor Biosca
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FSP- UGT y el Grupo de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados coinciden en valorar que la reforma de la ley de bases del régimen locla impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy a través de la futuraley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local  va a suponer el desmantelamiento de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos y una privatización de dichos servicios y un aumento del desempleo.

La medida, según FSP-UGT, va a desencadenar un "deterioro alarmante" de la atención que reciben los ciudadanos. Asimismo destacan el efecto que se producirá cuando se lleve a cabo la privatización de dichos servicios que no es otra cosa que una importantísima pérdida de empleos en el Sector Público.

Joana Mor Biosca, responsable de la Secretaría de Administración Local y Autonómica de FSP UGT se reunión en el Congreso de los diputados con la diputada de IU Ascensión de las Heras Ladera y con la diputada de ICV-EUiA Laia Ortiz Castellví con el objeto de analizar conjuntamente el citado anteproyecto de Ley.  Mor estima que con la reforma que tiene en mente el gobierno se perderán en la Administración Local más de 350.000 empleos, la mayoría empleados fijos de carácter laborales. También estima que un gran porcentaje de los mismos serán mujeres, debido a la gran ocupación de estas en los sectores de educación, sanidad y servicios sociales que prestan los Ayuntamientos.

Todos los integrantes han insistido en que el deterioro en la calidad del servicio que prestan los ayuntamientos vendrá por una doble vía. En primer lugar por el hecho de que estos pasen a ser evaluados a través del llamado “coste estándar”, que significa que todos los servicios que superen ese misterioso coste serán bien privatizados, y abonados por los ciudadanos directamente, bien asignados a las CCAA, que también los privatizaran, ya que sus cuentas públicas están exhaustas. En segundo lugar por las delegaciones de competencias hacia las CCAA, que nos lleva al plantearnos la pregunta de ¿quién será responsable de la prestación del servicio tras la reforma? 

Julio Lacuerda participa en el Consejo Ejecutivo de la Internacional de Servicios Públicos

16-05-2013
Julio Lacuerda
Julio Lacuerda
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El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores, Julio Lacuerda, participa los días 16 y 17 de mayo en el Consejo Ejecutivo de la federación internacional de sindicatos de servicios públicos (Internacional de Servicios Públicos, ISP) en la sede de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra (Suiza).

Es éste el primer ejecutivo del mandato de la italiana Rosa Pavanelli, elegida secretaria general de la ISP en el congreso celebrado en Durban -cuya candidatura fue enérgicamente apoyada por la FSP-UGT-, y analizará en profundidad distintos aspectos de la ISP y de la política mundial.

En el discurso de apertura, la compañera Rosa Pavanelli habló de las líneas de trabajo que emanaron del congreso. Entre ellos, el combate contra la privatización, el fomento de los derechos sindicales y la denuncia contra los ataques a éstos y aumentar la influencia de la ISP en los ámbitos de decisión mundial son ampliamente compartidas por la FSP-UGT y de especial relevancia en la España del recorte y de la guerra contra los trabajadores y sus representantes sindicales. "herramientas para revertir los servicios privatizados", tras haber puesto como ejemplo el caso de la sanidad. 

Julio Lacuerda, que participa en el ejecutivo en calidad de titular del asiento del Grupo Mediterráneo, ha destacado que España, como los países de su entorno, ha sufrido un brutal retroceso económico, social y democrático en los dos últimos años paralelo al desmantelamiento del estado de Bienestar: “cuando se cierran hospitales, cuando se cierran oficinas municipales, cuando se privatizan los servicios sociales, cuando se despide a decenas de miles de empleados públicos, cuando se recortan sus derechos y se ataca a los que los representan se agravan los problemas, no se solucionan los problemas que causaron la crisis financiera, sino que se da carta blanca a la ideología que la provocó”. Al gravísimo empobrecimiento social de la zona mediterránea (“a muchos sorprenderá que hoy digamos desde el sur de Europa digamos hoy que un tercio de nuestra ciudadanía esté en riesgo de exclusión social y que el presidente del gobierno español esté muy satisfecho con una reforma laboral que ha traído un 26% de paro que sigue creciendo”) se suma el empobrecimiento democrático: “instituciones poco o nada democráticas quitan y ponen gobiernos, se inmiscuyen en el diálogo social de los países, ordenan políticas y dictan normas que son felizmente acatadas por el gobiernos que, como el español, son ideológicamente afines y que se niegan a escuchar a las y los ciudadanos a los que se deben. El desprecio al diálogo social no sólo es un ataque a los trabajadores, es, sobre todo, una bomba al corazón del nuestro modelo social y democrático. Las fuerzas políticas que estén dispuestos a hacer de los servicios públicos el instrumentos de igualdad y justicia social serán nuestras amigas y el resto no. Esta no es una crisis sobrevenida, sino planeada por algunos para que los trabajadores ganen menos y vivan peor , mientras ellos se enriquecen".


Al margen de la participación en el ejecutivo, Julio Lacuerda aprovechará para mantener encuentros bilaterales con alguno de los participantes en el mismo de cara a reforzar las relaciones de la FSP con otros sindicatos estratégicos en zonas de Sudamérica y Europa, así como con la secretaria general de la ISP.